Comentario sobre la sentencia del SAU 2

El pasado 8 de abril de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia en el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción contra el Plan Parcial del SAU 2 “Area de Actividad” de San Lorenzo de El Escorial.

Lamentablemente, esta sentencia ha defraudado las esperanzas que teníamos de que los Tribunales impidiesen una actuación urbanística que, a nuestro modo de ver, es improcedente por sus características y, lamentablemente también, hemos podido comprobar la interpretación que la  Administración de Justicia hace de la declaración de la Gran Cerca de Felipe II como Bien de Interés Cultural. Interpretación que trasluce una escasa sensibilidad hacia la protección de valores que, tanto la Plataforma como otros grupos y personas a título particular, nos hemos empeñado en defender.
La sentencia, además de desestimar los motivos alegados (incumplimiento de las determinaciones del Decreto de Declaración del BIC, falta de motivación de las resoluciones e inadecuación del Plan a las determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental entre otros) hace caso omiso del dictamen del perito independiente, al que desautoriza de forma explícita.  En resumen, considera  que la actuación proyectada es compatible con las determinaciones del Decreto de declaración del BIC.
Está aun pendiente de resolver el recurso interpuesto por la Placies contra el Proyecto de Urbanización del SAU, instrumento de desarrollo del Plan Parcial y que, por disponer de mayor documentación, maneja argumentos no contemplados hasta ahora. Entre esta documentación se cuenta, por ejemplo, el informe del arbolado del Sector, elaborado por los promotores a requerimiento de la Comunidad.  De acuerdo con el mismo desaparecerá la mayor parte de los árboles existentes, lo que contradice frontalmente la prescripción de las NNSS en la ficha del Sector: “En el diseño y ejecución de la obra se aplicará el criterio de conservación de todos los ejemplares arbóreos existentes”.
Nuevamente la participación de ciudadanos y comunidad científica se muestra imprescindible para hacer comprender a la clase política y ahora también, a los representantes del poder judicial, la irremediable pérdida de nuestro patrimonio ambiental e histórico como consecuencia de desarrollos urbanísticos como el del SAU 2″

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