Se lleva actuando mucho tiempo al filo de la legalidad

Presunta implicación del concejal de urbanismo en irregularidades en la construcción de un edificio 
 
La gestión del urbanismo en San Lorenzo de El Escorial está siendo estos días noticia de alcance nacional por un presunto caso de ilegalidades que puede llevar a alguno de los ediles del partido popular ante el fiscal anticorrupción. Se trata del caso de un edificio, que se encuentra paralizado tras una sentencia judicial que reconoce múltiples irregularidades y  en el que el responsable del urbanismo sanlorentino pudiera haber actuado como juez y parte. A la Plataforma Ciudadana Escurialense, que ha estudiado la gestión llevada a cabo durante lustros por el partido gobernante, le preocupa que este no sea el único caso que merecería un procedimiento judicial para comprobar si se cumplen o no las normas, puesto que, según su criterio, gran número de actuaciones se han llevado a cabo al filo de la legalidad.

 
Esta asociación observa cómo el equipo de gobierno está habituado a  utilizar “trucos legales” que consiguen cumplir la norma, pero atentando la finalidad: “Hemos visto surgir bloques de seis alturas dónde solo se permiten tres, amparándose en el supuesto desnivel del terreno. Hemos visto cómo se levantan urbanizaciones de casas apiñadas sin zonas verdes, porque se supone que sus parques son trozos de bosque. Hemos visto destrozar patios del siglo XVIII, que cuentan con el máximo nivel de protección, para realizar supuestas edificaciones temporales. Y hemos visto  incluso trasladar unos metros más arriba el trazado histórico de las cañadas para cambiar los límites del bosque protegido”.
 
Para esta Plataforma, esta actuación municipal se lleva a cabo con impunidad porque cuenta siempre con el apoyo final de la Comunidad de Madrid. “El mejor ejemplo está en que llevan años alterando el planeamiento vigente a base de modificaciones puntuales que, a pesar de las gestiones realizadas por cientos de ciudadanos, pasan siempre el visto bueno. Son ya hasta diecinueve  los expedientes que se han tenido que tramitar justamente para permitir construcciones que eran ilegales según las normas en vigor. Así se sacan zonas de los barrios históricos, se inventan nuevas calificaciones para construir bloques dónde solo se permiten casas bajas, o se cambian los usos públicos del suelo que deben respetarse. Da igual el número de irregularidades en los expedientes, los informes en contra o las alegaciones presentadas, al final, en consejo de gobierno si hace falta, se aprueba lo que sea.
 
Los dos casos cuyos expedientes ha trabajado más a fondo la Plataforma Ciudadana Escurialense, los proyectos del SAU II y de construcción de viviendas en terrenos de las Carmelitas de la Caridad, son buenos ejemplos. En la tramitación del proyecto del SAU II, una zona recalificada para usos industriales, ni el decreto que protege el entorno de la Cerca Histórica, ni los numerosos informes que desde la propia Comunidad desaconsejaban la actuación, han conseguido pararlo, ni que el proyecto se modificara para respetar mejor sus valores naturales y patrimoniales. Todo lo contrario, de la propuesta original, que permitía solo talleres y usos artesanales y obligaba a mantener todo el arbolado, se ha llegado a aprobar un proyecto que prevé un gran polígono industrial y comercial en el que  se arrancarán todos los árboles y con edificaciones con mayor altura de la prevista. Una gigantesca masa de cemento de más de cuarenta hectáreas destrozará para siempre la entrada al territorio histórico y eliminará once metros de la Cerca declarada Bien de Interés Cultural. 
 
El proyecto para la construcción de nuevas viviendas sociales en el jardín anexo al Colegio de las Carmelitas, que obliga al Ayuntamiento  a  pedir  un préstamo de 1.455.000 euros, de los que 950.000 serán destinados a comprar a esta congregación de religiosas el solar, ha requerido también una tortuosa tramitación. El expediente está lleno de incumplimientos, algunos de ellos solucionados a base de modificaciones puntuales irregulares confirmados por el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid. Así veremos que dónde solo se podría construir a lo sumo una vivienda unifamiliar, van a levantarse bloques de más de tres pisos. Que, a pesar de ser un jardín antiguo con vegetación protegida, veremos morir los árboles. Tampoco las normas de protección de las visuales  y el entorno del Monasterio frenarán los altos muros. Y un espacio que sólo podía ser usado para usos públicos, pasará en muy poco tiempo a viviendas privadas.
 
Y lo que se plantea para nuestro futuro es más grave aún. Se encuentra en tramitación un Avance de Plan General de Ordenación Urbana que supondría un golpe irreversible. El suelo urbanizable aumentaría en un 400%, recalificándose más de 300 hectáreas de suelos protegidos, y permitiéndose la construcción en zonas verdes y jardines antiguos. Se construiría toda una nueva población con capacidad para miles de nuevas viviendas en la finca de Monesterio, a la entrada del territorio histórico. Si a eso le unimos los planes de desdoblar la M-600, se dibuja un negro panorama que favorece un urbanismo desbocado, especulativo y desfasado. La Plataforma Ciudadana Escurialense ha pedido a sus socios y simpatizantes la colaboración en la denuncia de cualquier hecho irregular observado, al tiempo que anuncia un programa de actividades para llevar al ciudadano la máxima información en materia de legalidad urbanística.

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